Un proyecto de regeneración del caballito de mar en el Mar Menor, ganador del XIV Premio Ones
Junio 5, 2008
La entidad colaborará en proyectos agroforestales y de comercio justo
Mediterrània-CIE ha firmado recientemente dos convenios para el desarrollo de proyectos agroforestales y de comercio justo en Centroamérica. Aprovechando su visita a El Salvador, el Área de Cooperación Internacional formalizó su colaboración con la FEPROAH (Federación de Productores Agroforestales de Honduras) y la Asociación Latinoamericana de Pequeños Caficultores - Frente Solidario.
El proyecto de FEPROAH consisten en la optimización del “Plan de Manejo Agroforestal”, dotando de un valor agregado a la materia prima obtenida a partir de la explotación planificada de la resina. La adquisición y gestión de maquinaria permitirá a la cooperativa procesar sus productos, rompiendo con la dependencia actual con intermediarios y aumentando su valor en el mercado.
La FEPROAH representa a 12 cooperativas agroforestales de Honduras. Dicha organización cuenta con 30 delegados y tiene como objetivo crear una plataforma para representar a todas asociaciones, cooperativas y grupos que trabajan en el sector forestal de Honduras, ante organismos nacionales e internacionales y que vele por los intereses de los campesinos e indígenas que se dedican al rubro forestal hondureño.
Esta instancia depende a su vez de ACICAFOC (Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana www.acicafoc.net), organización de base comunitaria que trabaja con todas las comunidades rurales en América Central, buscando la integración socio-productiva local, el impulso del ecodesarrollo de las comunidades indígenas y campesinas, como respuesta práctica a la vulnerabilidad socio ambiental y cultural de la región centroamericana.
Por otra parte, Mediterrània-CIE está colaborando con la Asociación Latinoamericana de Pequeños Caficultores - Frente Solidario en programas de apoyo de base para las cooperativas existentes, fomentando los canales de comercio justo.
La “Asociación Latinoamericana de Pequeños Caficultores - Frente Solidario” tiene su base en Costa Rica. Tiene como misión mejorar las condiciones de los pequeños productores de café que la conforman, procurando la autosuficiencia y la armonía con el medio ambiente e impulsando la unidad en el sector
Existe un nuevo consenso global según el cual las leyes del comercio adoptadas en los acuerdos de la OMC (Organización Mundial del Comercio) son injustas y han de ser cambiadas. El próximo paso es la consecución de cambios reales sobre la base del principio de justicia.
El comercio justo exige que la justicia rija el comercio, en lugar de que sea éste el que cree desigualdades e injusticias más profundas. La justicia establece el imperativo de incluir a los excluidos, aquéllos que han sido o están siendo privados de sus derechos y del acceso a los recursos naturales, del acceso a los mercados y a los propios medios de sustento, así como del acceso a los procesos de toma de decisión. Las raíces de la pobreza residen en la destrucción de los medios de vida, destrucción de los recursos, destrucción de los mercados donde se venden los frutos del propio trabajo y devaluación de la mano de obra. Mientras estos medios de sustento sean destruidos y robados los recursos de la gente, mientras los procesos de liberalización del comercio sigan depreciando el valor del trabajo en el Tercer Mundo, tanto a través de la devaluación de la moneda como a través de la competencia en el mercado, la pobreza no hará sino agudizarse, aunque se dé un crecimiento económico.
La globalización y el libre comercio hacen más profunda la pobreza en el Tercer Mundo en cada uno de estos niveles. El ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, TRIPS en inglés) roba de los pobres su biodiversidad, sus conocimientos, sus semillas y lo transforma en monopolio corporativo de la industria biotecnológica.
Para las comunidades agrarias, el coste cero de los recursos que pertenecen a la colectividad se convierte en un alto coste añadido que ha de ser sufragado cada año porque está protegido por el derecho de propiedad intelectual. Ello hace que la costumbre de guardar y compartir las semillas y el intercambio de conocimientos sean delito. El AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, GATS en inglés), amenaza con robarles a los pobres el acceso al agua, como ya ha ocurrido en Orissa, cuando el Departamento de Desarrollo Internacional (DFID en inglés) financió la privatización del agua. Los costes de irrigación se han multiplicado por 10 como consecuencia de la privatización. Ello supone la destrucción de los medios de subsistencia de los pobres. En Haryana, 63 agricultores han sido matados a balazos en protestas contra la privatización del agua y la electricidad.
La liberalización del comercio está destruyendo los mercados y los medios de sustento locales, como en el caso de la introducción masiva e indiscriminada al mercado en la India de mercancías agrícolas subvencionadas, artificialmente baratas, después de que se retiraran las llamadas Restricciones Cuantitativas, tras una disputa a instancias de la OMC.
El Comercio Justo, por tanto, necesita defender los derechos de los pobres sobre los recursos naturales así como reformar el ADPIC y el AGCS para excluir la posibilidad de patente sobre la biodiversidad, los recursos genéticos y las semillas, y excluir la privatización y mercantilización del agua.
El Comercio Justo también precisa que los países del Tercer Mundo restrinjan sus importaciones (introduzcan Restricciones Cuantitativas) para proteger los mercados internos, de los que la subsistencia de los pobres dependen.
Estas cuestiones sobre los derechos a los recursos naturales y la restricción del acceso a los mercados del Sur son principios y objetivos compartidos por el movimiento por el Comercio Justo.
La confusión y la incertidumbre reside en la cuestión sobre la entrada a los mercados del Norte. Superficialmente, ello se plantea como si los ricos dieran acceso al mercado a los pobres. Esta forma de exponerlo, superficial y mecánica, sin embargo, esconde y hace invisibles los procesos que se desencadenan en las vidas de los pobres cuando la lógica del “acceso al mercado” empieza a transformar la propiedad y el uso de los recursos, las pautas del intercambio y del marketing, los derechos y los ingresos.
El “acceso al mercado” por sí mismo es una expresión vaga y confusa. No aclara “qué mercado” ni “al acceso de quién” se está refiriendo.
Los mercados pueden ser locales, nacionales e internacionales. La entrada de los productores en los mercados locales y nacionales implica regulación, no liberalización del comercio. Por ejemplo, según las políticas creadas por la India postindependiente, el acceso a los mercados internos a agricultores e hiladores condujo al crecimiento de la agricultura y de los textiles. Ello revirtió la situación de desamparo a la que habían sido relegados campesinos e hiladores durante la época colonial.
Para garantizar el acceso a los mercados internos [de agricultores e hiladores] se restringieron tanto las importaciones como las exportaciones. En cambio, durante el primer año de la liberalización del mercado, cuando el algodón se empezó a exportar, los tejedores ya no pudieron conseguir algodón a precios asequibles y 2 millones fueron privados de sus medios de subsistencia en un año. Por tanto, el acceso al mercado interno puede a menudo requerir el bloqueo del acceso de los mercados internacionales para así garantizar que la materia prima y los mercados que generan sustento a la población, sean asegurados. Por ello no basta con el apelativo de “acceso al mercado” sino que hay que precisar qué mercado, y también valorar cuál es el impacto que produce la entrada del mercado internacional en los mercados internos.
También es necesario establecer “para quién es el acceso”. En un mundo globalizado, con multinacionales globales produciendo en el Sur o exportando desde el Sur, simplemente con indicar “acceso al mercado a los del Sur” se podría acabar facilitando la implantación de los sistemas injustos y desiguales de intercambio que la regla corporativa ha creado. Un ejemplo es el de las exportaciones de alimentos desde la India bajo la liberalización comercial.
Las condiciones fijadas por el comercio global y las instituciones financieras son las de desincentivar que el gobierno proporcione ayuda a los pobres para que tengan acceso a alimentos adecuados y nutritivos, mientras se promueve el desvío de subvenciones a las multinacionales. Así, mientras la gente está siendo obligada a comprar trigo y arroz a 11,30 rupias/kilo, porque se han dejado de dar subsidios, las multinacionales de la exportación como Cargill están consiguiendo trigo y arroz a precios altamente subvencionados. Mediante la utilización de sobreproducciones artificialmente creadas para justificar las exportaciones, el gobierno habrá exportado durante 2001 5 millones de toneladas de trigo y 3 millones de toneladas de arroz. Mientras la gente paga 7.000 rupias por tonelada de trigo, los exportadores la están consiguiendo a 4.300 rupias la tonelada: un subsidio de 13.500 millones de rupias. Mientras la gente paga 11.300 rupias por tonelada de arroz, los exportadores la están consiguiendo a 5.650 rupias la tonelada: un subsidio de 60.000 millones de rupias. Las exportaciones crecen mientras la gente se muere de hambre. Las multinacionales están subvencionadas mientras que los subsidios para alimentos se han eliminado. Éste es el modo en que la globalización está causando hambre en el Tercer Mundo.
Son las gigantes multinacionales como Pepsi y Cargill las que se han beneficiado de la retirada de las subvenciones para los alimentos a los pobres y de su redirección para la exportación. Pepsi está exportando 100.000 toneladas de arroz desde la India en 2002 con 12,2 millones de rupias de beneficios, mientras la gente en la India hace frente al hambre. Cargill ha exportado 1 millón de toneladas de trigo durante el año pasado y tiene planeado alcanzar las 20.000 toneladas [métricas] en la cosecha de 2002.
El movimiento del Comercio Justo claramente no querría apoyar las exportaciones de Cargill y Pepsi desde la India. Ni tampoco se lograría una situación de comercio justo si los cultivos de OMGs (Organismos Modificados Genéticamente, GMOs en inglés) fueran impuestos a los agricultores del Tercer Mundo y los alimentos transgénicos fueran forzados dentro del mercado de consumidores europeos bajo la tesis del “acceso al mercado a los del Sur”. Después de la Cumbre Alimentaria en Roma, en la que el empuje por las biotecnológicas fue el resultado más destacado, y la ayuda a la introducción de OMGs en la agricultura en el Sur el único compromiso financiero, las exportaciones de alimentos transgénicos desde el Sur podría ser pronto una realidad. Hoy en día Argentina es el único país en el Sur con gran producción de alimentos transgénicos, pero los consumidores en Europa pueden todavía recurrir a fuentes de recursos alimenticios no-transgénicos de otros países. Con la proliferación de los transgénicos, el acceso al mercado de libre competencia podría implicar que los consumidores del Norte se vieran privados de su libertad alimentaria mientras que a los agricultores y campesinos del Tercer Mundo se les deniega su soberanía sobre las semillas y los alimentos.
El acceso al mercado de libre competencia implica la libertad de Monsanto, no la libertad del Sur o del Norte. La libertad de la gente tiene que estar basada en el comercio justo, no en la libre competencia. De ahí la necesidad de trascender más allá del lema “Acceso al Mercado” y diferenciar entre el comercio justo y el acceso al mercado de libre competencia, entre los mercados internos e internacionales, y entre la entrada al mercado de los pequeños productores frente a la de las multinacionales globales. Necesitamos dar prioridad al sistema anterior [mercado de pequeños productores], dado que los medios de subsistencia locales se ven reforzados mediante la participación en los mercados locales. De otro modo, los mercados de exportación aumentan el control corporativo al mismo tiempo que destruyen los medios de vida locales. Las exportaciones bajo los regímenes de libre intercambio también transfieren recursos, tales como la tierra y el agua desde los pobres a las multinacionales, agravando así su pobreza. También pone a los países en competencia entre sí, rebajando el valor de las mercancías, depreciando el valor del trabajo y disminuyendo los ingresos. El Tercer Mundo está exportando cada vez más y sin embargo, cada vez está ingresando menos. El acceso al mercado del comercio justo es la respuesta a la pobreza. Ello supone dar prioridad a los mercados locales e internos, no a las exportaciones, supone dar prioridad a los pequeños productores, supone asegurarse de que recursos tales como la tierra, el agua y la biodiversidad, y los medios de producción de los pobres, permanecen en sus manos. El acceso al mercado del comercio justo está por lo tanto en el núcleo del Movimiento por el Comercio Justo y también, forma parte del orden del día del movimiento de resistencia antiglobalizadora. El mercado de acceso a la libre competencia refuerza las leyes corporativas de la agenda corporativa y no apoya una campaña en favor del comercio justo.

En estos días en los que el debate sobre el agua vuelve a Catalunya, Mare Terra Fundació Mediterrània viene de abordar este tema a través de la Red de Internacional de Escritores por la Tierra al otro lado del océano, concretamente en El Salvador, uno de los tres países de Centroamérica que vive en constante estrés hídrico. “Mujer y agua, la dualidad que hace posible la vida, a la que nada ni nadie puede ser indiferente”, fue el lema de las primeras Jornadas de Trabajo de la Red Internacional de Escritores por la Tierra, celebradas en la ciudad de Santa Tecla, El Salvador, del 6 al 8 de marzo.
Ante un aforo de más de 300 personas, durante dos días, diversos ponentes procedentes de Europa y América Latina desarrollaron temas de discusión en los ámbitos de equidad de género y gestión del agua. Cada jornada fue clausurada con un coloquio con los ponentes, donde el público pudo expresar sus opiniones y debatir acerca de temas como la violencia sexista; los planes de igualdad de género; la gestión de los recursos hídricos en Mesoamérica ó el derecho humano al agua, entre otros temas.
Podéis descargar un dossier con el resumen de todas las ponencias tratadas en Santa Tecla y el resumen de los artículos aparecidos en la prensa en el apartado descargas de la web de Mediterrània-CIE:
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Asimismo, podéis seguir la actualidad de la Red Internacional de Escritores por la Tierra a través de nuestra web y el blog de noticias:

En ella, y como ya adelantó ayer Noticias Cuatro, la ONU advertía de que si los países ricos no ayudan de inmediato al Tercer Mundo, el aumento de precios de los alimentos y del petróleo podría llevarse la vida de más de 70 millones de personas.
La FAO –la organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación- insistía en que “es imprescindible” que se de más dinero a Naciones Unidas, y así se lo ha hecho saber a todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, a quienes solicita 500 millones de dólares.
España responde que sí y el Gobierno enviará siete millones de dólares a la ONU, según ha podido saber Noticias Cuatro. Una cantidad que se suma a los 40 millones que ya destinó nuestro país al programa mundial de alimentos. El gobierno ha multiplicado por siete a la dotación dedicada a este fin en 2003.
El Gobierno español podría convertirse en el primero del mundo en hacer oficial la ayuda y responder en firme al desesperado llamamiento de la ONU y Alemania, que está estudiando la medida, podría ser el segundo.
Fuente: Noticias Cuatro
Naciones Unidas ha advertido de que, si no llega la ayuda, el 1 de mayo se verá obligada a racionar la distribución de alimentos a las personas que dependen de la ayuda internacional “para subsistir
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha realizado una “petición urgente” a los países desarrollados para que donen 324 millones de euros (500 millones de dólares) en las próximas cuatro semanas y poder mantener la ayuda a los 73 millones de personas de 80 países a las que proporciona alimentos.
Según señala hoy el rotativo británico Financial Times, Naciones Unidas ha advertido de que, si no llega la ayuda, el 1 de mayo se verá obligada a racionar la distribución de alimentos a las personas que dependen de la ayuda internacional “para subsistir”. Una carta enviada por la directora de la FAO, Josette Sheeran, a los países donantes de la ONU, advierte que el riesgo de verse obligada a reducir la ayuda es inminente.
Los productos básicos han visto aumentar su precio un 20 por ciento en el último mes, y también han aumentado los costes de distribución tras alcanzar el barril de petróleo los 100 dólares. Sheeran advierte a los países ricos que no es previsible que los precios bajen en los próximos meses.
Estados Unidos es el país que más dinero dona a Naciones Unidas, con 1.100 millones de dólares en 2007, mientras que la Unión Europea proporciona 250 millones y Canadá 160. En el año 2000, la FAO gastó 1.700 millones de dólares, mientras que con la ayuda que pide situará el presupuesto en 3.400 millones para este año.
El precio de productos básicos en los mercados de materias primas ha aumentado en los últimos meses como consecuencia, entre otras razones, del aumento de la demanda en los países en vías de desarrollo. El arroz se encuentra en su precio más alto de los últimos 34 años. Naciones exportadores como Tailandia o India han limitado las ventas a otros países para asegurarse el suministro nacional. Según la ONU, el Ejército turco está controlando la distribución de alimentos para evitar problemas sociales.

Nosotros creemos en la capacidad de la región de América Latina y el Caribe de erradicar el hambre, habida cuenta de su enorme potencial natural, económico, humano y productivo, unido a la voluntad expresa de muchos de sus gobiernos. Por ello consideramos que es posible y necesario ser más ambiciosos y duplicar la apuesta del primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU (ODM 1), que buscan reducir a la mitad el hambre en la región para 2015. En este sentido, la erradicación de la desnutrición crónica infantil para ese mismo año es considerada una meta intermedia de la Iniciativa.
Según los últimos datos de FAO, existen 52 millones de personas subnutridas en América Latina, lo que representa el 10 % de la población total. Esta cifra media esconde unas enormes diferencias entre países, en el continente más desigual del mundo. Mientras que Argentina apenas tiene un 2,4 % de subnutrición, Haití sufre de un 47 % y Guatemala de 23 %.
Si la región llegase a cumplir con el primer Objetivo del Milenio, todavía nos quedarían 26 millones de personas subnutridas, una cifra escandalosamente alta para que nos sintamos satisfechos con ella.
La reducción del hambre a sólo la mitad parece además un objetivo poco ambicioso y moralmente dudoso en una Región cuya producción de alimentos es cuatro veces mayor que el consumo. Y no olvidemos que la seguridad alimentaria –contar con acceso a alimentos suficientes en cantidad y calidad- es un derecho de las personas que los Estados deben garantizar.
Es por ello que planteamos esta Iniciativa, para que con un esfuerzo suplementario en un período de tiempo un poco más largo, podamos conseguir la eliminación total del hambre en la región de América Latina y el Caribe.
¿Que consecuencias tendría la erradicación del hambre en la región?
Todas ellas positivas: la reducción del hambre es una buena inversión económica a corto, medio y largo plazo, porque repercute en un mayor crecimiento económico y en una mayor competitividad. Con una numerosa fuerza laboral desnutrida no se puede ser competitivo. Por ello los fondos asignados a la lucha contra el hambre han de ser vistos como inversión, no como un gasto social.
La erradicación del hambre favorece el desarrollo pleno de la democracia y la ciudadanía: con el estomago vacío no se participa. El hambre alimenta las tensiones sociales y repercute en la gobernabilidad y en el pleno desarrollo de la democracia como sistema político.
Se deben hacer todos los esfuerzos para que las democracias latinoamericanas satisfagan las necesidades primarias de los ciudadanos, tales como la alimentación, la educación, la salud y la vivienda, a fin de evitar que la ciudadanía termine deseando el retorno de modelos autoritarios de viejo cuño.
¿Porqué lanzar ahora este desafío?
Consideramos que es el momento adecuado. América Latina vive un momento de crecimiento económico que no experimentaba desde hace dos décadas (con un crecimiento medio superior al 4 % anual). Además, las elecciones de 2005-2006 han colocado nuevos gobiernos al frente de sus países que están revalorizando las cuestiones sociales, colocándolas en muchos casos por delante de los temas económicos o de seguridad.
Se está produciendo un giro de largo alcance en el papel del Estado como conductor de la política y la economía del país, y no como mero ente regulador. El Estado está recuperando espacios perdidos en los 90, con una mayor participación para garantizar los derechos mínimos de sus ciudadanos, y como responsable de una mayor cohesión social: mejor reparto de beneficios y red de protección social más inclusiva.
América Latina y el Caribe tienen la capacidad para erradicar el hambre ahora. Hay que movilizar a la sociedad en su conjunto para terminar con el hambre, pues es un objetivo moralmente incuestionable y alcanzable en esta generación.
¿En que consiste la iniciativa “América Latina y Caribe sin Hambre” impulsada por la Oficina Regional de la FAO que usted dirige?
La Iniciativa fue propuesta por el Presidente Lula y su homólogo de Guatemala, Oscar Bergér, en octubre de 2005, durante una reunión de la FAO en la cual sus países miembros decidieron desarrollar acciones concretas con un objetivo: erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de todos habitantes de los países de América Latina y el Caribe, reforzando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) hasta el 2015 y más allá si fuera necesario.
Para ello será necesario apoyar el desarrollo de políticas públicas y programas para erradicar el hambre mediante compromisos de Estado -representado por el Gobierno, el Congreso, la sociedad civil y el sector privado-, que se traduzcan en una institucionalidad de la seguridad alimentaría y nutricional y en la implementación de un Plan de Acción con una asignación de fondos presupuestarios acordes con la magnitud del problema en cada país. De hecho, uno de los objetivos explícitos del proyecto es plasmar la movilización política contra el hambre en una mayor asignación de recursos financieros, humanos e institucionales.
Esperamos contar con apoyo presupuestario procedente de la Ayuda Oficial al Desarrollo, que en ciertos casos, podría ser canalizado a través de la FAO y sus programas de apoyo a países. La iniciativa cuenta ya con el apoyo generoso de diversos donantes, entre ellos España.
Aunque la Iniciativa ALCSH tiene una cobertura regional, en su inicio concentrará sus esfuerzos en los países con mayor índice de subnutrición, como Haití, Guatemala, Nicaragua o Ecuador y se dará prioridad a la lucha contra la desnutrición crónica infantil.
¿Qué puede aportar Brasil a la iniciativa?
El éxito alcanzado por el programa “Fome Zero” puede ser muy útil a la Iniciativa ALCSH. La experiencia brasileña nos indica que los objetivos que aglutinan a toda la población, y en la cual todos y cada uno de los ciudadanos se sienten participes cuentan con más apoyo popular. Son menos cuestionados y mejor entendidos.
El presidente Lula, impulsor de “Fome Zero”, ha apoyado desde el principio el proyecto ALCSH, que ha defendido en diversos foros internacionales como elemento dinamizador de la cooperación y desarrollo en la región. En su visita a la sede regional de la FAO en Santiago de Chile, Lula convocó a todas las naciones a comprometerse en la lucha contra el hambre e insistió en que el siglo XXI “es el siglo de Latinoamérica”, en el que la región se posicionará como una potencia del desarrollo y del impulso económico a nivel global.
El apoyo de Lula se inscribe en los esfuerzos que realiza el Quinteto contra el Hambre, en el que hay tres países Iberoamericanos: Brasil, Chile y España.

En América Latina y el Caribe más de 52 millones de personas – el 10 por ciento de la población - aún sufren desnutrición o hambre. Todos esos millones de personas son parte de un drama humano que se puede y debe resolver.
Paradójicamente, esta Región es la mayor exportadora de alimentos del planeta. Esto demuestra que la causa principal de la subnutrición en la región no está en la falta de capacidad para producir alimentos, sino en la mala distribución y en la falta de acceso de los más pobres a estos bienes. Es, al final, una consecuencia de las enormes desigualdades en la distribución de la riqueza.
Hay que decirlo: hay espacio para la esperanza. Según las tendencias actuales, la Región está en camino de cumplir el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, que es reducir el hambre a la mitad para el año 2015. Para reforzar esa meta y llevarla aún más lejos, se ha creado la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, que espera erradicar por completo este flagelo en una generación.
Esta Iniciativa cuenta con el apoyo de numerosos países y organizaciones sociales que saben que es posible, viable e indispensable para el bien común y la estabilidad política de la Región promover estrategias de lucha contra el hambre, así como dotar a los gobiernos de instrumentos legales y técnicos para garantizar el derecho fundamental de la alimentación. La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) es uno de los principales impulsores de este esfuerzo regional.
Para lograr su objetivo primordial – la erradicación del hambre en la Región – este proyecto trabaja a partir de tres grandes líneas de acción:
La Iniciativa busca ser un catalizador y organizador de los esfuerzos regionales contra el hambre, unificando fuerzas y coordinando apoyos. Su trabajo es crear condiciones más adecuadas para el avance en el establecimiento del Derecho a la Alimentación en los países y la creación de una situación de seguridad alimentaria. Sus esfuerzos se concentran en los gobiernos, medios informativos, empresas, sectores y sociedad civil, para otorgar herramientas contra el hambre. Así, la FAO reafirma su compromiso con la erradicación del hambre.